Neo desarrollismo y derechos indígenas en Bolivia

Por: Gustavo Soto S. CEADESC
www.ceadesc.org

Esta Quinta etapa del “proceso de cambio”- bautizada así oficialmente- permite evidenciar con cada vez mayor nitidez los rasgos de la situación social y política que vivimos en el país, en esta primera década del siglo. A diez años de la Guerra del Agua, siete de la Guerra del Gas, cinco de la coronación del Primer Presidente Indígena, dos de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional (CPEP) y uno de su primera Reelección, las ilusiones de los movimientos sociales (Agenda de Octubre, Refundación constitucional) han terminando coagulando y cristalizando una nueva estructura de poder y un programa de acciones estratégicas colmado de contra finalidades que ilustran una vez más las muecas de la historia. Los frutos de la Asamblea Constituyente
En el peculiar proceso Constituyente boliviano (2006-2008) una corriente de influencia en el mundo indígena, íntimamente vinculada al partido de gobierno, logró colocar en el centro de la demanda indígena la exigencia política de participación y control del Estado, que se ha objetivado en ítems ministeriales sin mayor protagonismo en la toma de decisiones. Tuvo también éxito coyuntural en articular lo indígena y lo campesino en un sólo bloque constitucionalizado como IOC (indígena-campesino-originario) a costa de la independencia política indígena, y abandonando el derecho de participar como pueblo indígena sin mediación partidaria, ya existente desde la reforma constitucional del 2005. Ese “bloque social” está atravesado por la contradicción estratégica profunda entre visiones campesinas de desarrollo mercantil contra visiones indígenas de vanguardia respecto los derechos de la naturaleza y un modo de vida post desarrollista (El Buen vivir) que alimentan el discurso y la imagen externa, cada vez menos creíble del gobierno.
Entre los resultados de esa corriente en la AC podemos enumerar la nominación de “Estado Plurinacional”, cierta narrativa indígena de la historia boliviana contenida en el discutible Preámbulo de la Constitución, la encogida y mediatizada representación política indígena en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) . En definitiva estos logros, más imaginarios que simbólicos, han sido más que suficientes en un primer momento, para el confortar el sentimiento de las organizaciones indígenas de ser parte del Estado Boliviano. De ese sentimiento legítimo y de la no menos obvia cooptación son testigos los desfiles de las organizaciones IOC junto a las FFAA – que sin ir más lejos en el tiempo, los habían reprimido alevosamente entre el 2000 al 2003-; las grandes movilizaciones de apoyo al gobierno contra la desestabilización de la media luna, el 2007 – 2008 y el incontestable y reiterado apoyo electoral, 2009-2010.
Esa misma corriente vindicadora de la identidad indígena y de la lucha contra el racismo y la discriminación ha protagonizado en la Asamblea Constituyente, la omisión del debate esencial en torno al modelo de desarrollo – ahora no sólo constitucionalizado sino legitimado – tanto por el referéndum constitucional de Enero del 2009, como por el cheque en blanco del 64% al proyecto del MAS. Programa publicado en su momento y en absoluto comentado y menos debatido por la inanidad de la oposición reactiva que pueda hilvanar dos frases seguidas, y por el desapercibido y tenaz espejismo que guía las percepciones de la izquierda vernácula y neo clásica, tanto local e internacional.
El programa del MAS 2010-2015 i articula la economía boliviana a los emergentes intereses capitalistas globales del siglo 21 (Brasil, China, India, Corea) expresados en megaproyectos energéticos, camineros y extractivos, encapsulados en su mayor en la IIRSA ii que propician inevitablemente, la violación de los Derechos indígenas. Sin embargo, ese Plan de Desarrollo Nacional, como lo afirma también con razón el gobierno, sigue los lineamientos del régimen económico de la misma nueva y ya maltrecha CPEP donde conviven en régimen de oxímoron generalizado, declaraciones ecologistas, reivindicaciones étnicas, derechos humanos de 1ra, 2da, 3ra y 4ya generación, fantasías autoritarias en pleno despliegue en la organización del Estado, desarrollismo nacional capitalista y el repertorio de clichés del antiimperialismo de plazuela.
En la Asamblea Constituyente, por decir lo menos, no se enfatizó suficientemente el desarrollo y consolidación constitucional de las demandas indígenas contenidas en el Convenio169 de la OIT y en la Declaración de NNUU sobre Derechos de los pueblos indígenas, (ambas leyes de la República y ahora constitucionalizadas) -por considerarlas poco re-fundadoras y descolonizadoras- entre ellas, la Autonomía Indígena y el Derecho a la Consulta vinculante libre, previa e informada, anterior a cualquier decisión legislativa, administrativa, económica, productiva, de infraestructura.
De esos interesados olvidos, tergiversaciones y omisiones se nutre la matriz de un nuevo ciclo de conflictos – aún minoritarios pero elocuentes – que reseñamos brevemente en torno a los impactos sobre los derechos colectivos y ambientales del modelo económico capitalista extractivista que sustenta el modelo político rentista autoritario, ejecutado a través de políticas sociales clientelares – con obvios éxitos electorales para la reproducción del poder- , pero con mortales amenazas a las esperanzas contenidas en el “proceso de cambio” (que cada día que pasa debe leerse como cambio de gobierno y en modo alguno de estructuras).
Algunos conflictos del modelo económico-político con los derechos indígenas.
PARQUE NACIONAL ISIBORO SÉCURE iii
En 1990 el Estado boliviano reconoció al Parque Nacional Isiboro Sécure como Territorio Indígena de los pueblos Chiman, Mojeño y Yuracaré y luego el TIPNIS se convirtió en un Área protegida por ley de la República. El 22 de agosto de 2009, los presidentes Evo Morales y Lula da Silva firmaron el protocolo de financiamiento de la ruta Villa Tunari – San Ignacio de Moxos y la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó un crédito de 332 MM de $us provenientes del BNDES (Brasil) para la carretera cuya construcción fue adjudicada por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), casualmente, a la brasileña OAS estrechamente vinculada a los proyectos IIRSA en Brasil y Perú. (Belo Monte, Iñambari, entre otros)
El XXIX Encuentro Extraordinario de Corregidores del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure Autónomo de los Pueblos Indígenas Moxeño, Yuracaré y Chimán (actualmente naciones del Estado Plurinacional) realizado el 18 de mayo de 2010 manifestó su “Rechazo contundente e innegociablemente la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos o todo trazo carretero que afecte nuestro territorio, nuestra casa grande”. El trazado que parte por la mitad un área protegida, ratifica la historia larga de la colonización en Bolivia, que empezó hace cinco siglos. Con la carretera llegarán, no sólo nuevos colonizadores, sino también las empresas petroleras (PETROBRAS Y TOTAL E&P BOLIVIE que tienen contratos en el área), madereras legales e ilegales, además de la expansión de la coca y el narcotráfico, procesos en curso que evidencian una vez más, la escasa capacidad y voluntad del Estado para intervenir y regular. La carretera destruirá irremediablemente un ecosistema de alta biodiversidad, en muchos casos ni siquiera estudiado que se perderá antes siquiera de determinar su valor; carece de Estudio de Impacto Ambiental previo; no respeta el Derecho a Consulta libre previa e informada, de los pueblos indígenas del TIPNIS; vulnera una veintena de artículos de de la CPEP (entre ellos 2, 14, 30, 32 , 38 , 100 , 252, 307, 343, 381, 385) y casi toda la normativa ambiental vigente en el país. Esta situación insostenible provocó la renuncia del ex viceministro Juan Pablo Ramos y su director de medio ambiente Luis Beltrán que se negaron a firma la licencia ambiental. La flamante Viceministra de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos, de Gestión y Desarrollo Forestal, Cynthia Silva Maturana, ex directora adjunta de la ABC, al mismo tiempo de enunciar el éxito internacional del presidente Morales durante la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, firmó la licencia ambiental de dos de los tres tramos de la carretera, obedientemente con las ideas dominantes: “Todos nos beneficiamos con estos proyectos pero algunos dirigentes (usan) como pretexto el problema que generarían los proyectos en el medio ambiente y evitan que se construyan caminos, eso representa un obstáculo para el progreso”, afirmó el presidente Evo Morales.
REPSOL YPF VERSUS NACIÓN GUARANÍ
El Grupo Repsol YPF que opera en el país desde 1997 posee activos equivalente a seis veces el PIB boliviano y controla 27 bloques de prospección y explotación petrolera, además de participar en operación conjunta en los campos gasíferos de San Alberto y San Antonio. En conjunto, el Grupo tiene control de 1.378.082 hectáreas equivalente a 49% de todo el territorio bajo operaciones petroleras. En 2003, Repsol, British Gas y Pan American conformaron la alianza Pacific LNG que pretendía comercializar el gas del Bloque Caipipendi, vía puertos chilenos al mercado norteamericano. Proyecto rechazado por la población y que está en el origen de la Guerra del Gas que determinó el derrocamiento de Sánchez de Losada. En el marco de la nueva Ley de Hidrocarburos 3058, YPFB ha suscrito un contrato de operación con el consorcio Repsol YPF Bolivia SA. (37,5%-Operador), BG (37,5%) y PAE E&P Bolivia (25%) para la exploración y explotación de reservas de gas en el bloque Caipipendi, que abarca casi 700 mil hectáreas en los departamentos de Tarija y Chuquisaca, donde se encuentra el mayor reservorio de gas, Campo Margarita. Este bloque petrolero se superpone a las TCOs Itika Guasú y Tentayape, así como al Parque Nacional Aguaragüe.
La APG-Itika Guasu, desde 2005, ha emprendido acciones de defensa de sus derechos violados (Derecho a la consulta libre, previa e informada, Derechos propietarios de su TCO, al medioambiente, a la compensación e indemnización) reconocidos por la Ley 3058y la CPEP. iv En 2004, la comunidad ava guaraní de Tentayape rechazó con éxito la presencia de REPSOL y logró que su TCO fuera declarada Patrimonio Histórico, Cultural y Nacional, en 2005, por la conservación intacta de sus tradiciones, usos y costumbres, ancestrales, – que configuran un territorio libre de estado, escuelas, iglesias, Ongs y petroleras- con el apoyo de entonces diputado opositor Evo Morales … Sin embargo recientemente ante el anuncio oficial de YPFB y REPSOL, se han visto obligados a ratificar su decisión de no permitir el ingreso de las petroleras a realizar inspección sísmica v
En ambos casos, el estado boliviano (antes neoliberal y ahora plurinacional) ha omitido su obligación de defensa de los derechos afectados para facilitar las inversiones de la corporación multinacional, responsable de exportar 14 MM m3/día hacia la Argentina según el nuevo convenio firmado recientemente; apuesta exportadora incluye la construcción de un oleoducto que recorrerá el noreste argentino.
EL PROYECTO CUPRÍFERO DE COROCORO vi
Corocoro es una antigua mina de cobre de explotación en socavones que estuvo paralizada desde la década de 1980 hasta el 2009, año en que ha sido reactivada por el gobierno actual como un Proyecto Hidrometalúrgico para la producción de “cobre catódico o electrolítico”, obtenido mediante procesos de lixiviación por agitación y pilas dinámicas.
Este proyecto consta de dos fases: la primera denominada como “Planta Hidrometalúrgica de Cobre” a cargo de la minera estatal Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL Esta primera fase consiste en la explotación y tratamiento de relaves, desmontes y minerales primarios, por lixiviación ácida, previa trituración en pilas dinámicas y su posterior extracción por solventes y agitadores para obtención de cobre catódico. La inversión total para esta fase es de 18,5 millones de dólares y ya se ha realizado la construcción de obras civiles e infraestructura, y obras de ingeniería mecánica, que han afectado fuertemente las fuentes de agua y tierras de pastoreo de las familias cercanas a la planta.
La segunda fase es de expansión que se desarrollará a través de un “Contrato de Riesgo Compartido”, aprobado mediante Ley 4017 del 7 de abril de 2009 entre la transnacional Korea Resources Corporation (KORES) y COMIBOL para la explotación de un nuevo yacimiento a “cielo abierto” para la producción de cobre electrolítico cuyo plazo de explotación será de 30 años. Actualmente se encuentra en etapa de exploración y se prevé comenzar la explotación el año 2011. La inversión para esta etapa es de USD 210 millones.
Como ha denunciado el mallku de CONAMAQ, Rafael Quispe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en ambas fases, este proyecto NO ha realizado la Consulta previa e informada, como establece la CPEP Artículo 30 numeral 15, cuando se trate de la explotación de recursos naturales no renovables en su territorio se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa, obligatoria realizada por el Estado. Tampoco cuenta con un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) violando artículo 345 numeral 2, referido a “la aplicación de los sistemas de evaluación de impacto ambiental y el control de calidad ambiental, sin excepción y de manera transversal a toda actividad de producción de bienes y servicios que use, transforme o afecte a los recursos naturales y al medio ambiente”. Por otra parte, la Ley 1333 de Medio Ambiente, exige la necesaria elaboración de Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) de manera previa a la inversión del proyecto, de manera que permitan identificar los efectos que las actividades, obras o proyectos puedan causar sobre el medio ambiente (artículos 24, 25, 26 y 27).
La respuesta gubernamental consistió en ignorar públicamente los derechos indígenas: “El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) pide al Ministro de Minería y Metalurgia, José Pimentel, retractarse por aseverar que el Estado y la Constitución Política no reconocen el autogobierno, ni la autodeterminación de los pueblos indígenas. Ante este hecho Walberto Baraona Mallku de Medio Ambiente del CONAMAQ” declaró recientemente: “Vamos a pedir al Presidente Evo Morales que cambie a estos ministros que están modificando o no conocen las leyes y la Constitución Política del Estado”.
PETROBRAS-TOTAL & REPSOL YPF EN EL NORTE PACEÑOvii
En 1992 el Estado decretó la Reserva de biosfera y TCO Pilón Lajas. El año 2004 Petrobras suspendió sus operaciones porque el débil gobierno de Carlos Mesa (2003-2005) declaró “inviable” el proyecto debido a la campaña de rechazo de las organizaciones ambientalistas e indígenas a la actividad petrolera al tratarse de una zona protegida de parques naturales. En 2006, fue declarada Zona Intangible y de Protección Integral de Reserva Absoluta para la defensa de los pueblos en aislamiento voluntario, como los toromonas, comprometiéndose a respetar sus formas de vida individual y colectiva. Decisión ratificada por la CPEP Artículo. 31 que compromete al Estado a “proteger a los pueblos en aislamiento voluntario que habitan en el territorio nacional, evitando que sean perseguidos, acosados y exterminados por grandes proyectos que se instalan en sus zonas de vida, que los asfixian hasta desaparecerlos”.
Contradictoriamente, el 18 de enero de 2008, se suscribieron cuatro convenios entre YPFB y GTLI para la realización de estudios destinados a la exploración, explotación, desarrollo y producción de hidrocarburos en los bloques Almendro, Itacaray, Río Beni y Cupecito. El bloque de Río Beni tiene una extensión de 1.000.000 hectáreas (400 parcelas), se encuentra en la zona no tradicional de Bolivia y corresponde al área reservada Nº 2 para operación de YPFB. Este bloque podría generar ingresos para el Estado por regalías de alrededor de 10.800 millones de dólares, según las estimaciones a 20 años de producción. GTLI es una empresa cuya mayoría accionaria casualmente pertenece a una subsidiaria de la empresa Jindal Steel & Power, de la India, que se adjudicó por 40 años, la explotación del yacimiento de hierro en el Mutún que opera en el área de influencia del Pantanal boliviano, sitio Ramsar, y donde se articulan varios proyectos IIRSA viales, portuarios y energéticos.
Ante la Campaña Amazonía sin Petróleo, que alertaba de las amenazas irreversibles al ecosistema y a los derechos de las naciones mosetenes, esse ejjas, lecos, paca huaras y toromonas y el Comunicado del Encuentro nacional ampliado de Secretarios de Recursos Naturales de la organizaciones indígenas y campesinas, el gobierno inició una campaña de desprestigio y amenazas a las ONGs y en especial a FOBOMADE (Foro boliviano del medio ambiente). El gobierno del presidente Evo Morales rechazó abiertamente la demanda para que la Amazonía boliviana no sea afectada por la exploración y explotación de hidrocarburos. “La consigna de estos intereses foráneos plantea una “amazonia sin petróleo” y “no más pozos petroleros”, en abierta oposición a la profundización del proceso de la nacionalización y el mejoramiento de la economía nacional. Están diciendo, en otras palabras, que el pueblo boliviano no tenga plata, que no haya IDH, que no haya regalías, pero también van diciendo que no haya (el bono) Juancito Pinto, ni la Renta Dignidad, ni el bono Juana Azurduy”.
Consecuentemente presidente interino de YPFB, Carlos Villegas, reafirmó el interés de la empresa estatal en ingresar con mayor intensidad en un proceso de exploración en el norte del departamento de La Paz en busca de petróleo crudo y gas natural.
REPRESA HIDROELÉCTRICA CACHUELA ESPERANZA viii
La represa parte del Complejo Hidroeléctrico del Rio Madeira (IIRSA) en territorio boliviano. Se ubicaría en el rio Beni, cerca del pueblo de Cachuela Esperanza y produciría 990 MW, que equivale al 80% de la energía actualmente producida por Bolivia para exportar la mayor parte al Brasil y, muy secundariamente, atender la demanda energética local. El proyecto está en fase de estudio a cargo de la consultora canadiense Tescal. Los primeros resultados emitidos por Tescal alertan que los impactos sociales y ambientales serían muy considerables. Se estima que demandaría una inversión de 2.000 millones de dólares
Según el especialista Enrique Latas, tomando en cuenta que la cantidad de energía que produciría Cachuela Esperanza es de tres veces menor que la energía generada en Brasil – -990 MW frente a 3300 y 3150 MW de Santo Antonio y Jirao,- y que el área inundada (690 Km2) sería tres veces mayor que la de aquellas represas, el impacto de Cachuela Esperanza en temas como la emisión de gases con efecto invernadero sería diez veces más grave por cada MW producido. Varias investigaciones muestran que centrales hidroeléctricas en la Amazonía producen más gases de efecto invernadero que centrales eléctricas de gas, diesel y carbón. Ello se debe a que la abundante vegetación en estado de descomposición, producto de la inundación del territorio afectado, sumado a las altas temperaturas, provocarán la emisión de gas metano que tiene un efecto 20 veces más dañino que el CO2. Los impactos a nivel social serán de reubicación de hogares, pérdida de tierras agrícolas utilizadas para el autoconsumo y comercio, pérdidas de recursos utilizados por la población, perturbaciones a la pesca, pérdida de bienes patrimoniales y aumento de enfermedades ligadas a la presencia de obras.
El costo de la energía producida por Cachuela Esperanza será además, más alto que el costo de la energía producida por Jirau y San Antonio. Por lo tanto, como la energía de Cachuela Esperanza está destinada al mercado brasileño, en las negociaciones sobre el monto de dinero que pagará Brasil para la energía generada de Cachuela Esperanza, Bolivia difícilmente obtendrá el precio justo para la energía exportada. Un argumento que se utilizó a favor del proyecto era la esperanza de Bolivia de tener una hidrovía hasta el Océano Atlántico, lo que mejoraría la viabilidad económica de Cachuela Esperanza. Esta posibilidad se vio frustrada desde que Brasil decidió no construir esclusas como parte de los proyectos hidroeléctricos Jairo y San Antonio.
SAN CRISTÓBAL”: AGUA PARA LA MINERÍA TRANSNACIONAL: ix
La Empresa minera “San Cristóbal” uno de los yacimientos de plata, zinc y plomo más grandes del mundo de propiedad de G. Soros y actualmente de Sumitono Corp. (65%) empezó a ser explotado en julio de 2007genera ganancias por 1.000 millones de dólares al año y tributa 35millones. Los 35 MM no cubren el costo del agua para uso doméstico en el cercano norte de Chile y mucho menos para uso industrial. Utiliza entre 42,000 a 50,000 m3 de agua por día, en la casi desértica provincia Nor Lípez de Potosí.
Según señala Crespo, “Robert Moran, hidrogeólogo y experto en impactos de la minería en los recursos hídricos, que llegó al país el 2009 para estudiar el caso la mina San Cristóbal, invitado por las organizaciones campesinas, municipio local y el CGIAB. En su informe establece que los acuíferos subterráneos están conectados con las fuentes superficiales y no son recargados por la escasa lluvia, por tanto durante muchas décadas, luego de la explotación de la mina, no serán posibles otros usos, actuales y/o potenciales; más aún, muchos manantiales y humedales locales y regionales, así como los flujos de aguas superficiales locales serán reducidos o se secarán producto del bombeo durante estos años, por parte de la empresa, reduciendo por tanto los ingresos de agua al salar de Uyuni. Asimismo se ha evidenciado que la empresa no ha implementado un adecuado sistema de monitoreo, tanto de la declinación de los pozos explotados, como de los impactos producidos por el dique de colas, en realidad una laguna convertida para tal propósito sin ningún tipo de impermeabilización. Por otro lado, los químicos y sedimentos contaminados depositados en el fondo de la laguna de Wila Q’ara provocarán contaminación de largo plazo, dado que el fondo no es absolutamente impermeable. “
Evo Morales visitó San Cristóbal en junio del 2009, y según despacho de EFE 26/0/06/2009 – Enunció que Bolivia respeta a las empresas extranjeras y dijo estar sorprendido por el trabajo que realiza la empresa y dio todas las garantías en temas de seguridad jurídica. A pesar de la violación de la CPEP, el gobierno ha ratificado la licencia ambiental y ha persistido en la omisión del Derecho a la consulta, para las operaciones de la mina, a pesar de las dudas planteadas previamente por la Federación Regional Única de los Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (FRUTCAS) y por el Informe Morán.
SUBORDINACIÓN EN DE LAS AUTONOMÍAS INDÍGENAS EN LA LMA
Decía el vicepresidente en 1997:
Toda la charlatanería sobre los “pueblos originarios” con el que quieren remozar las decadentes letanías estatalizantes, se rinden ante la exigencia imperativa de un padrinazgo “boliviano” sobre las nacioncitas de segunda clase a quienes se les regalará dosificadamente autonomías controladas que no pondrán en entredicho la “unidad nacional”.(ni el desarrollo nacional ,añadimos) La cultura y los nichos “indígenas” son reconocidos en tanto ello permite la manipulación de símbolos susceptibles de encapsular votos electorales. En definitiva, las variantes aun más indigenistas del socialismo de Estado pueden ser vistas como racionalización de las estructuras políticas y mentales engendradas por la colonización o si se prefiere como renovada neutralización de los reclamos indígenas manifestados en las décadas recientes”x.
Demasiados articulados de la Ley Marco de Autonomías recientemente aprobada, (LMA) confirman flagrantemente esta perspectiva premonitoria que se vuelve contra su enunciador.
Anoto a la pasada uno de ellos. Entre los derechos fundamentales de los pueblos y naciones indígenas se encuentra el derecho a mantener y reproducir su cultura (saberes, lenguas, religiones) mediante el establecimiento y control de sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje, además de su derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación. (Art 14 Declaración de Naciones Unidas DDPPI). Ya la CPEP les ha amputado este derecho (Artículo 30, numeral 12. A una educación intercultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo) Como no se trata de uno de los 178 errores lógicos y semánticos de la constitución, la LMA explicita aún más este recorte que afecta, además el mismo derecho a la Autodeterminación: Art. 84 LMA. “La distribución de competencias entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas en materia de educación deberá ser regulada por una ley especial, al constituirse la educación en la función suprema y primera responsabilidad del Estado, siendo ésta unitaria, pública y universal, por lo tanto tiene la obligación de garantizarla y establecer las políticas. La gestión del Sistema de Educación es concurrente con las entidades territoriales autónomas de acuerdo al Numeral 2 del Parágrafo II del Artículo 299 de la Constitución Política del Estado” .
La omisión de este derecho ha sido ratificada por la propuesta de Ley Educativa Avelino Siñani-Elizardo Pérez.
Revisita al Nacionalismo Revolucionario.
Hace treinta años, se formuló una hipótesis descriptiva, en modo alguna normativa, en torno al Nacionalismo Revolucionario (NR): epistémé de los proceso políticos e ideológicos bolivianos, gramática discursiva de quien busca capturar, ocupar y reproducir el poder; lengua que habla a través de los pasajeros ocupantes del Estado y que además constata la circulación semántica que quien entra por la izquierda (discursivamente) sale, pragmáticamente, por la derecha del dispositivo.xi
Bastaría recorrer el paradigma semántico del NR que ha reemplazado revolución por emancipación, descolonización, refundación; nación por plurinacional; antipatria por neoliberales; pero que no ha tocado su núcleo central: ni la idea del desarrollo nacional, de la modernidad y del progreso, ni tampoco su pulsión represiva.
El Desarrollo y la construcción del Estado-Nación siempre frustrados por la Rosca, el Imperialismo, los Neoliberales, son tareas históricas ante las cuales han fracasado Militares Nacionalistas, Movimientistas, y ahora Masistas. El imaginario del Desarrollo es justamente el eje de lo que Aníbal Quijano xii llama la Colonialidad del Poder, es decir el corazón histórico del dispositivo Capitalista: económico, autoritario y disciplinario, racista, depredador y cosificador de la naturaleza, productor de deseo y de subjetividad consumista
La actual máscara indígena del NR está destiñéndose día que pasa, por la contradicción irresoluble entre su discurso ecologista-antiimperialista y su política económica capitalista. De la imperiosa necesidad de ocultar la antinomia, proviene la estrategia de ocupación del campo político-comunicacional con polarizaciones secundarias como las que sostiene contra la iglesia católica o los medios masivos (que en ningún momento han dejado de percibir la publicidad estatal), diseñando así la escenografía de un “combativo proceso revolucionario”.
El ya al inviable proyecto del desarrollo nacional por vía del extractivismo ha logrado encontrar una respuesta inicial, en Ecuador a través de la Iniciativa Yasuní-ITT. xiii No son ajenos a este logro, la independencia política del movimiento indígena respecto del gobierno de Correa, ni la masa crítica de la conciencia ecológica, tan bien representada por Alberto Acosta, el coherente expresidente de la Asamblea Constituyente ecuatoriana, donde a diferencia de la boliviana, sí empezó a debatirse el paradigma desarrollista.
En Bolivia , desde el año 2010, ha empezado a expresarse el desencanto y malestar creciente de organizaciones indígenas y activistas de la sociedad civil que ya plantean la reconducción del proceso, arrancando a la mediocre instrumentalización publicitaria estatal, el horizonte programático del Buen Vivir y de los Derechos de la Pachamama, exigiendo la vigencia plena de los Derechos colectivos e individuales, gérmenes de un proyecto democrático alternativo al capitalismo extractivista que pueda permitir que este proceso no termine con otro “sepelio de tercera para una revolución de rodillas”. Horizonte más que probable una vez que los actuales ocupantes del estado hayan consolidado, con legitimidad popular inédita y mayor eficiencia que los neoliberales, la articulación de Bolivia al capitalismo del siglo XXI, y que los poderosos concierten globalmente un cambio de gerentes.
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i MAS-ISP (2009) Bolivia país líder. Programa de Gobierno del MAS-IPSP 2010-1015, LA Paz: 156 pp. , www.cne.org.bo
ii Iniciativa para la Integración Regional Sudamericana, 2000
iii Comunicado a la opinión pública en defensa del Isiboro Sécure, Cochabamba 11/08/2010. Bolpress, 2010-08-12
iv Informe Impactos ambientales, sociales y culturales de Repsol YPF en territorios indígenas de Bolivia (Tarija–Bolivia, 2005), producto del Monitoreo Indígena Independiente de la Asamblea del Pueblo Guaraní APG – Itika Guasu y el Programa de Vigilancia Socio Ambiental de las Industrias Extractivas-CEADESC
Informe de Inspección In Situ de las operaciones de Repsol. YPF en el Campo Margarita del 11 al 14 de Octubre de 2006, Santa Cruz, 2007,CEADESC
Comunicado a la opinión pública nacional e internacional, Asamblea del Pueblo Guaraní de Itika Guasu. TCO Itika Guasu, de noviembre de 2005, Tarija, Bolivia.
Carta Abierta de la APG –IG al Presidente Morales, 30, Junio del 2010.
v Erbol, 23 de septiembre 2010.
vi CEADESC 2010, Información recogida de los documentos: Contrato de Riesgo Compartido “Proyecto Cuprífero Corocoro” KORES-COMIBOL y Resumen Ejecutivo “Proyecto Hidrometalúrgico Corocoro” Empresa Minera Corocoro (COMIBOL) ERBOL/AINI 3/10/2010
vii Bolpress Encuentro nacional ampliado de secretarios de recursos naturales, 7 y 8 de julio 2010 ,
Bolpress 2010-06-09 Amazonia blues, Fobomade y el ministro coca,
Econoticias julio 13, 2009 indígenas defienden la Amazonía y enojan a Evo,
Bolpress, 2009-04-28 www.abi.bo/index.php?i=noticias_texto_paleta&j=20090710195517&l=0?). Plataformaenergetica.org (23/06/10).-
viii Plataformaenergetica.org)
LaHaine.org
ix Crespo, Carlos (2009) “Privatización del agua y racismo ambiental”, en Comisión para la Gestión Integral del Agua en Bolivia (2009) Justicia ambiental y sustentabilidad hídrica, Cochabamba: CGIAB. Pp. 31-47.
Bolpress, Andrés Soliz Rada. 2010-03-28
x AGL (Memoria de la XI Reunión Anual de Etnología, 1998 (La Paz: MUSEF). Conferencia pronunciada en la XI Reunión Anual de Etnología, en el Museo Nacional de Etnografía y Folklore, La Paz, 1997
xi Cf. Gustavo Soto S. Opinión 24/08/2005 y Revista Libertaria 1, 2007 Antezana Luis Huáscar, in DECURSOS 15-16, número especial de la Revista del CESU dedicado al tema.
xii Anibal Quijano, Colonialidad del Poder y Clasificacion Social, journal of world-systems research, vi, 2, summer/fall 2000, 342-386 Special Issue: Festchrift for Immanuel Wallerstein – Part I
xiii La Iniciativa Yasuní ITT se encamina al triunfo. Joan Martínez Allier Rebelióm.org , 02-08-2010

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