En la última década se ha avanzado en darle una mayor visibilidad al tema de género, se han diseñado políticas de equidad de género y hay un adelanto en materia legislativa, pero no se ha logrado que el tema de sus derechos humanos se aborde explícitamente. En este terreno, las dificultades continúan siendo inmensas, evaluaron representantes de organizaciones y redes de mujeres feministas, académicas y de derechos humanos de África, Asia y América Latina y el Caribe en el Seminario Internacional “Incidencia en red: el desafío que los Estados cumplan con los derechos humanos de las mujeres”, organizado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), del 7 al 10 de mayo en México.

CLADEM es una red feminista que trabaja para contribuir a la plena vigencia de los derechos de las mujeres en Latinoamérica y el Caribe, cuenta con estatus consultivo ante las Naciones Unidas desde 1995 y goza de reconocimiento para participar en las actividades de la OEA desde 2002.

La finalidad del evento era analizar el incumplimiento de los derechos humanos de las mujeres por parte de los gobiernos de la región y exigirles que garanticen Estados democráticos y de derechos como condición necesaria para el ejercicio de estos por parte de las mujeres. Esto se enmarcó en la campaña que busca que los Estados cumplan con las obligaciones y compromisos plasmados en los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados. Se llama “Ya es hora. Ya es tiempo”.

Las más de 70 mujeres de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay, que participaron en el Seminario internacional, fueron generando, en los cuatro días de trabajo, un espacio de reflexión e intercambio de experiencias de la situación en la que se encuentran las mujeres en sus respectivos países.

El eje estratégico fue la reflexión acerca de la incidencia en la exigibilidad de los derechos humanos de las mujeres en los ámbitos nacional, regional e internacional y los contenidos que se abordaron fueron la incidencia regional para el cumplimiento de las deudas pendientes con los derechos humanos de las mujeres, así como los desafíos de las estrategias de incidencia política de la sociedad civil para la promoción y defensa de sus derechos.

“En América Latina hemos avanzado con programas de educación sexual y de salud sexual y reproductiva, pero aún se enfrentan muchos problemas para su implementación y para que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos. Los derechos sexuales y reproductivos deben ser respetados porque se afecta no solo el derecho a la salud, sino a la autonomía de las mujeres. Nadie puede ser ciudadana plena con un territorio ocupado, con un territorio donde deciden otros”, resumió la experta de la OEA Susana Chiarotti, con larga militancia en la defensa de los derechos de las mujeres.

Integrante actualmente del Consejo Consultivo de CLADEM, Chiarotti dirige el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de Rosario, Argentina (INSGENAR) y es profesora de la maestría “El poder y la sociedad desde la perspectiva del género”, en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Rosario.

Al hacer balance de los cambios en las mujeres latinoamericanas durante la última década, Chiarotti reconoció “muchísimos logros, aunque falten cosas por hacer”, y dijo que la situación actual, respecto a la de años atrás, muestra “pasos enormes”. “La violencia contra las mujeres estuvo legitimada por milenios y ahora se considera una violación a los derechos humanos. Este cambio es brutal y se ha conseguido en solo 30 años, que para un cambio cultural es muy rápido. Que siga impune es otro tema”, consideró. En su opinión, las mujeres denuncian cada vez más, ya no se callan y ello, posiblemente, le da más visibilidad a la violencia que se ejerce contra ellas.

“Ahora bien, que hayan aumentado las denuncias puede ser un indicador de otra cosa; puede que las mujeres ya no aguanten y digan: ‘a ver, un momentito, yo a vos te denuncio, tengo a dónde ir’. Sienten que pueden denunciar, que tienen un espacio a dónde ir y tienen gente que las ayudan. Ahí esta el cambio. Sin embargo, no podemos dejar de tener en cuenta que las mujeres que acceden a los servicios no son más del 10 por ciento de las víctimas”, comenta a SEMlac.

Los datos basados en servicios son parciales, aislados, asegura Chiarotti y expresa que en Latinoamérica no podremos tener noción de la dimensión del fenómeno a partir de las estadísticas hasta que los Estados no empiecen a cumplir en la construcción de bases de datos ciertas y serias.

Por otra parte, la experta sostiene que las estrategias legales en materia de violencia contra las mujeres tienen sus límites. “Han tenido un impacto simbólico en la población, pero que es parcial. Los Estados tienen la obligación de implementar políticas de prevención”. “¿De qué me sirve una ley de feminicidio si se aplica cuando la mujer ya se murió?”, cuestiona la experta.

“Lo que reclamamos es que ya no muera una mujer más. Es responsabilidad de los Estados preguntarse cómo hacer para frenar los feminicidios”, insiste Chiarotti a SEMlac. Para explicar que “hay muchas formas de hacerlo”, cita los ejemplos de Argentina y Perú, donde más de la mitad de las mujeres que murieron por crímenes de género habían denunciado la violencia y algunas lo habían hecho, incluso, tres o cuatro veces.

“Entonces le pregunto al Estado: ¿qué hicieron, las escucharon? Y si la escucharon, ¿qué salida les dieron; qué hicieron?, ¿no tomaron medidas de prevención o midieron el riesgo que esas mujeres estaban viviendo?”, cuestiona. “Los Estados tienen muchas herramientas para prevenir la muerte de las mujeres, pero muchos de ellos sacan como medida demagógica una Ley y después se lavan las manos. Para combatir la violencia contra las mujeres se requiere que los Estados implementen políticas serias que, incluso, llevan a una redefinición del espacio urbano”, afirma la abogada.

Medidas preventivas, medidas punitivas

Según explica Chiarotti, muchas organizaciones de mujeres consideran clave incorporar al código penal el delito de feminicidio, pues sostienen que ello obligaría al Poder Judicial a incluir estos asesinatos en sus estadísticas. “Sin embargo, desde otro sector de opinión, creemos que es importante promover un debate en ese sentido. No todos los problemas sociales deben o pueden ser solucionados con una figura penal. La creación de un tipo jurídico, con numerosos requisitos para su configuración y penas muy graves, podría resultar contraproducente y provocar dificultades para la efectiva sanción de los femicidios, aumentando así la impunidad prevaleciente”, subraya a SEMlac.

“Si la violencia contra las mujeres es el resultado de una situación de inferioridad y un trato discriminatorio, los cambios necesarios para erradicarla deben incluir planes, programas y políticas de transformación social amplios, integrales y permanentes, con una asignación presupuestaria acorde y gran compromiso político”, sostiene. “Sancionar una ley severa, pero no llevar adelante medidas para la transformación social, puede tener un efecto boomerang”, precisa mientras cuestiona cuál es el sentido de una ley con penas altas, si luego no se aplica.

Al preguntarle cuáles son los retos que hoy se plantea CLADEM, Chiarotti señala que continuar con la exigencia de las deudas pendientes. “En varios países se observan retrocesos en materia de acceso a la interrupción del embarazo o trabas para ejercer las opciones permitidas por la ley, en casos de aborto legal”, detalla.

“Y aunque estamos avanzando hacia nuevas leyes integrales de violencia -en nuestra región ya contamos con este tipo de leyes en más en seis países- aún tenemos que hacer esfuerzos para que haya un adecuado acceso a la justicia en casos de violencia, especialmente sexual”, reafirma.

Agrega la experta que, si bien parece estar bastante equiparado el acceso a la educación formal, muchos países no han avanzado respecto al cambio en los contenidos curriculares, por lo que se siguen reproduciendo nociones discriminatorias que afectan la construcción de una cultura igualitaria.

“También en el plano económico persisten las diferencias salariales entre varones y mujeres. Las desigualdades en Latinoamérica son tan ofensivas que superan en mucho las de África”, pues “allí no hay una desigualdad tan grande; hay otro reparto, se vive de otra manera”. “Y no es lo mismo vivir en una comunidad donde todas las personas son igualmente pobres y dignas, que vivir en una comunidad donde un escaso porcentaje son ricas y el resto pobre”.

Urge exigir lo que nos deben

Es evidente que a los viejos problemas sociales que afectan a las sociedades latinoamericanas se les agrega un foco de mayor desigualdad. Si bien los indicadores sociales, en estos últimos 10 años, han mejorado, no han producido los cambios necesarios en los valores, las normas y las conductas que subordinan a las mujeres y que limitan sus posibilidades de acceso igualitario.

La abogada y trabajadora social paraguaya Elba Beatriz Núñez, coordinadora regional de CLADEM, afirmó que los gobiernos no garantizan la existencia del Estado laico y llamó la atención sobre cómo la intervención de grupos fundamentalistas ha determinado que sea la región centroamericana la más castigada en violencia contra las mujeres, muertes por aborto y muerte materna. Además, hizo un enérgico llamado a los gobiernos de la región para que dejen los discursos y cumplan sus compromisos, fundamentalmente en tres graves problemas: la impunidad frente a la violencia de género; la criminalización del aborto y la falta de garantías para las defensoras de derechos humanos.

Exigimos a los Estados, señaló Susana Chiarotti, porque a partir del primer Tratado Internacional que se ratificó en 1933 para las mujeres, contamos con una base de legitimidad para reclamar. Ya no se trata de un deseo de justicia basado en algo que esta más allá de la Ley o una idea de igualdad sin base en ninguna norma. Es precisamente sobre la base de lo construido alrededor de 80 años o más que pasamos de pedir lo que deseamos a exigir lo que nos deben.

La especialista argentina expuso que “las deudas son múltiples y abarcan desde reformas legislativas para lograr la plena igualdad formal, hasta la implementación de políticas para alcanzar la igualdad real en el acceso a recursos económicos, en el derecho a vivir una vida sin violencia, el goce de los derechos sexuales y reproductivos y educación no sexista y antidiscriminatoria, entre muchos otros, para casi 280 millones de mujeres en la región”.

Dorotea Wilson, de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, destacó que “la gran mayoría de los responsables de las políticas macroeconómicas permanecen ciegos al hecho de que las desigualdades son cada vez mayores en América Latina y el Caribe y que esta situación agudiza las tensiones sociales y el clima de violencia estructural en contra de las mujeres”.

Lidia García Díaz, de Ecuador, señaló que es importante destacar que “en Brasil, un estudio realizado en 12 ciudades mostró que 52 por ciento de las mujeres han sufrido algún tipo de acoso sexual en el trabajo; en Argentina, en febrero pasado hubo cinco asesinatos de mujeres y en Uruguay seis; en Colombia cada hora cinco mujeres son abusadas y en El Salvador, el 16 por ciento de las trabajadoras domésticas ha cambiado de trabajo debido al acoso o abuso sexual”.

“Un informe de PNUD indica que en Guatemala 675 mujeres y en El Salvador 580 fueron asesinadas en 2010 por el simple hecho de ser mujer, mientras que en Honduras se cometieron 600 feminicidios en 2012, 30 por ciento más en comparación a 2011”, expresó García Díaz.

Aunque hay pocos estudios sobre los costos económicos que implica la violencia de género, el Banco Mundial estableció que los costos por violencia de género en América Latina y el Caribe se sitúan entre 1,6 y el dos por ciento del PIB. Un nuevo estudio que está desarrollando ese organismo, “Nuevo siglo, viejas disparidades”, señala que las mujeres ganan 17 por ciento menos que los hombres y, según la OIT y la CEPAL, el desempleo femenino en Latinoamérica es de 8,2 por ciento mientras que el masculino es de 4,4.

Otras participantes alzaron la voz en torno a la despenalización del aborto y denunciaron que sus oponentes utilizan argumentos cada vez mas sofisticados. Sin embargo, comentó María Oviedo, responsable del Programa de Formación en CLADEM, “América Latina es uno de los continentes donde hay más restricciones legales respecto al aborto. Como señala el investigador Edgar Ortiz, existen 37 abortos anuales por cada 1.000 mujeres en edad fértil, frente a los 11 abortos cada 1.000 mujeres en Europa, donde esta práctica está despenalizada en gran parte”.

Patricia Olamendi Torres, abogada mexicana coordinadora del Comité de Expertas para la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de la OEA, aseguró que “lograr el reconocimiento de que la discriminación es el motivo por el cual miles de mujeres mueren o son asesinadas día a día en nuestros países, sigue ausente en la mayoría de las legislaciones y políticas de prevención en la región. Es necesario dejar de ver la violencia como un tema judicial e insistir en que es una forma de discriminación”.

La funcionaria, que participó en la mesa “Nuevos contextos y estrategias renovadas en el tema de violencia”, afirmó que los feminicidios pueden y deben prevenirse y las medidas de protección no pueden seguir siendo capítulos de letra muerta en nuestras leyes, deben cumplir su función: evitar más violencia, evitar la muerte.

Otro tema pendiente para las mujeres, dijo, es el acceso a la justicia. “El Comité recomienda que se garantice, como mínimo, personal especializado para la atención de la víctima y su caso en todas las etapas procesales, espacios con privacidad tanto en comisarías, tribunales, como en servicios de salud, además de sistema de interpretación en lenguas indígenas y la confidencialidad y protección de los datos de las víctimas”.

La abogada brasileña Silvia Pimentel, presidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de la Organización de las Naciones Unidas, fue contundente al destacar que “la cultura patriarcal es parte de la formación de la mentalidad de muchos pueblos, de forma que la violencia contra las mujeres es en realidad el síntoma y no la enfermedad”. “Las mujeres sólo tendrán igualdad de acceso a la Justicia y la violencia contra ellas sólo será eliminada cuando se construya una mentalidad que las conciba como iguales y no como inferiores, pues esta es la causa estructural de la violencia contra las mujeres”, sentenció.

Ambas expertas coincidieron en que los gobiernos dicen poco y mal sobre lo que sucede con la discriminación y la violencia contra las mujeres y que es imprescindible que, desde todos los ámbitos, se promueva la equidad con acciones concretas que permitan brindar un impulso a los cambios de la conciencia social, que siempre son más lentos.

Pese al panorama desalentador antes mencionado, la mirada al futuro de CLADEM continúa siendo firme y asegura que las mujeres no podemos aceptar la indiferencia del Estado. Es por eso que se lanzó la campaña “Por un Estado que cumpla con los derechos humanos de las mujeres. Ya es hora, es tiempo”. Mediante esta campaña se pedirán cuentas también acerca de la trata de mujeres, deuda ligada a los problemas de tráfico y migración que los gobiernos no han vigilado, resuelto o enfrentado, un negocio millonario en el que frecuentemente se involucran los aparatos y representantes del poder.

* Corresponsal de SEMlac en México, saraloveralopez@gmail.com