Los requisitos y procedimientos traban la autonomía indígena

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) está compuesta por cuatro partes. La primera (Títulos II-IV) describe la organización territorial del Estado dividida en los diferentes tipos de autonomías incluidas en la Constitución Política del Estado, con los requisitos y procedimientos para su acceso. La segunda parte describe los regímenes competenciales y financieros (títulos V-VI), detallando las competencias de cada tipo de autonomía: nivel central, departamental, municipal e indígena y estableciendo los recursos económicos y la administración de los mismos para el régimen económico financiero de las autonomías en el país. La tercera parte (título VII) establece las formas de coordinación entre los diferentes niveles autonómicos (Consejos de Coordinación Sectorial) y la institucionalidad estatal con el Consejo Nacional de Autonomías (CNA) y el Servicio Estatal de Autonomías (SEA).

La cuarta parte explica cómo se desarrollará la participación y el control social, las formas de suspensión y destitución de las autoridades electas (VIII-IX), que, en los últimos meses, ha servido en numerosos casos para destituir a autoridades sin que medie una sentencia en su contra, simplemente con la aceptación de la demanda por parte de la autoridad judicial.

Desde la promulgación de la Ley en julio de 2010, los pueblos indígena originario campesinos no han podido pasar de la primera a la segunda parte de la LMAD, porque están en el proceso de conformación. Todavía no tienen gobiernos autonómicos indígenas en funcionamiento por lo que no han llegado a asumir las competencias ni reciben y administran fondos económicos. El Estado recién está consolidando la institucionalidad autonómica y hasta ahora los Consejos Nacionales Autonómicos (CNA) no se han activado.

La ley establece tres vías para acceder a las AIOC: conversión de municipio, vía territorial (TIOC) y la vía regional o región IOC. La vía municipal fue pensada durante la Asamblea Constituyente como un mecanismo por el que las amplias mayorías de aymaras y quechuas de altiplano y valles pudieran acceder a la AIOC desde la configuración municipal existente. Sin embargo, se está utilizando también en tierras bajas (guaraníes). La vía territorial (desde el TIOC) es bastante más complicada y con muchas demandas que alargan su tramitación en el tiempo. La inclusión de esta vía fue una propuesta de los pueblos indígenas de tierras bajas afiliados a la CIDOB, en el intento de unir los límites de la propiedad de la tierra (TCO-TIOC) con la jurisdicción administrativa y el autogobierno (AIOC). La tercera vía regional se puede conformar con la agrupación de AIOC. La Autonomía regional indígena no posee competencias propias sino solamente aquellas que le transfieren otros niveles autonómicos (AIOC, municipio, departamento). Se piensa que podría ser una alternativa a largo plazo una vez conformadas las AIOC, especialmente para naciones y suyus aymaras y quechuas, y por pueblos de tierras bajas mayoritarios en sus regiones (Guaraní, Mojeño, Chiquitano).

En definitiva, la LMAD ha sustituido a la Ley de Participación Popular, pero no se convierte en una buena herramienta para los procesos de autonomía indígena. Impone demasiados requisitos y largos procedimientos para conformar las AIOC, en comparación con la creación de otras entidades territoriales.