ECONOMÍA SOLIDARIA CIVIL, PASO INCLUSIVO A LA RECONVERSIÓN PACÍFICA DE LA SOCIEDAD
La Economía Solidaria Civil es un paso sincero e inclusivo para esa reconversión pacifica de nuestra sociedad, avizorando un nuevo contexto de una nueva convivencia, más equitativa, solidaria y entusiasta.
Por: Roberto Fermín Bertossi*
Proponemos temática y metodológicamente el abordaje interdisciplinario e intersectorial de una nueva economía que ya actúa y/o late entre nosotros. Hablamos de Economía Solidaria Civil. Y ¿por qué solidaria? Porque toda economía es social pero no toda es solidaria. ¿Por qué civil? Porque es una economía desmercantilizada. Proponemos actividades económicas basadas en la solidaridad, en la reciprocidad y en la mancomunidad que, así son por esto mismo, relaciones muy distintas y distintivas de aquellas que permiten toda disparidad y lucro en los intercambios, generadores de desigualdades propias e inherentes a un capitalismo desregulado o, del sistema jerárquico y autoritario propio de la economía pública o estatal.
Las vinculaciones de esta economía humana con la autogestión, el mutualismo y el cooperativismo –además de aquellas relacionadas con un modelo de desarrollo integrado– no pueden desdeñar factores (no solo tangibles) sino igualmente otros: vg., culturales, sociales, ecológicos, sociológicos y psicológicos del crecimiento de toda una comunidad que no se resigne a una dimensión económica sesgada y así entonces, una matriz del aislamiento de la dimensión humana, inaceptable por cierto. Todas las metamorfosis del derecho y los proyectos de investigación sobre la realidad económica sudamericana no deben omitir que estamos situados en el centro de sociedades profundamente desiguales y en la que la asimetría humana se viene acentuando inequitativa y riesgosamente en las últimas décadas.
¿Cómo explorar entonces sobre reformas institucionales, políticas, sociales y económicas o de propuestas de inclusión ciudadana, ignorando cuánta población activa de Latinoamérica todavía se encuentra en la economía informal, sumergida o, pobreza extrema, e indigencia, lisa y llanamente? ¿Cómo ignorar los abusos de posiciones dominantes sin envalentonar a sus verdugos?
Sin una metodología económica apropiada capaz de clausurar o aminorar tamaña brecha, los otros cambios sociales, legales y políticos no superarán formales inquietudes pero, de categoría superestructural. Deberemos tener siempre presente que numerosos sectores populares debieron de recurrir como última estrategia de sobrevivencia a prácticas sociales y económicas informales cuando fueron excluidos del mercado regular por ser considerados inadecuados en el nuevo modelo globalizador. Espontáneamente, muchas de estas prácticas informales adoptaron esquemas de organización solidaria, vecinal y comunal para su mejor ejercicio.
El factor «C» se convirtió en un nuevo elemento racionalizador de esta nueva economía. Factor que identifica esa C, como cooperación por algunos de los analistas de esta economía informal como Razeto. Una responsabilidad del Estado para alcanzar un nuevo equilibrio social supone e implica asignar parte del ahorro popular y partidas del presupuesto público para rescatar e integrar tales prácticas hacia un reconocimiento regular, pero dotándolas y acompañándolas con los recursos externos de la capacitación, asistencia técnica, apoyo financiero, competitividad, productividad, comercialización, formación de cuadros, sistemas de seguros, medios tecnológicos y responsabilidad ambiental que tienen –o debieran tener- otros sectores económicos.
La Economía Solidaria Civil que proponemos deberá ir conformando un esquema socioeconómico, cultural y ambiental integrado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas mancomunadamente en esquemas asociativos identificados por prácticas autogestionarias, vecinales, barriales, comunales y municipales; solidarias, democráticas y humanistas sin ánimo de lucro para el desarrollo y proyección personal y comunitario del ser humano como sujeto actor, principio y fin de la economía.
Para ello, el Estado deberá garantizar el libre y pleno desarrollo de todas las organizaciones de la economía solidaria civil mediante incentivos, discriminaciones positivas, promoción, fomento, integración, regulación y control; todo claro está sin perjuicio de su natural e imprescindible autonomía que deberá ir caracterizando cada versión de esta nueva economía. Se trata de que este sector de la economía alcance una expansión y tamaño que le vaya dotando de cierta invulnerabilidad ante un entorno generalmente hostil propio de economías privadas capitalistas o del sector público estatal.
Lo que es masa crítica compleja supone hacia dentro una actividad federativa de apoyo y proyección mutua y asistencia recíproca que resulte tan eficaz como la que exhiben –aunque animada por otros intereses y valores- los sectores privados y estatales de una economía vetusta tradicional, humanamente obsoleta. Una estrategia mancomunada de afines mediante la integración de sectores cooperativos, mutualistas, comunitarios e incluso de economías familiares/personales en esta nueva gestión económica empresarial, algo así como la «empresa de vivir», la de cada uno, la de cada cual; la de todos los todos del todo social.
Estamos ante la oportunidad de un buen instrumento para aproximarnos a ese futuro ideal del Estado y la sociedad comunitaria. La vertebración de un derecho solidario empieza en la Constitución y el derecho constitucional que debe perseguir la coherencia e integración de la comunidad política a la que organiza y, para ello, igualar en derechos y garantías a todos sus ciudadanos y cerrar toda brecha de diferencias, sustentada en ese péndulo de privilegios y exclusiones sociales que nos da una imagen desequilibrada y deforme de muchas sociedades.
Se trata de una investigación sistemática desde el desenvolvimiento histórico del cooperativismo, pasando por el estudio de las múltiples y diversas versiones cooperativas, fincando toda importancia en la educación cooperativa. El objetivo general no solo explora el más profundo calado teórico posible sino además y fundamentalmente, una proyección práctica; esto es, el camino solidario desde una investigación pura hacia una investigación aplicada en el campo social solidario de la economía civil.
Entre los objetivos específicos, pensamos, como dice el maestro Antonio Colomer Viadel, en la importancia en un Estado social y democrático de derecho en el cual sus ciudadanos puedan tener acceso a bienes y servicios eficientes como educación, trabajo, vivienda, agua potable, energía eléctrica, transporte, gas, comunicaciones, además de sanidad, esparcimiento, etc., y que todo ello se logre en condiciones de costos que tiendan a la gratuidad o, al menos, asegurar un costo mínimo para que no produzca la exclusión en aquellas capas sociales lindantes con la pobreza y, por el contrario, sea factor de inclusión social.
Al mismo tiempo, la importancia que todo ello tiene y tendrá para la dignidad personal el intervenir con un protagonismo consciente en la autoorganización de estos bienes/servicios y en la emancipación de dependencias y exclusiones sociales. Estas organizaciones solidarias de la economía civil deben promover la integración de toda la nación y, a la vez, al ser «bienes y servicios autoprestados», garantizan una determinada calidad y un precio justo. De ahí también que deben tener un tratamiento fiscal favorecedor de su permanencia y desarrollo que permita mantener precios y tarifas solidarias, especialmente para los ciudadanos con carencias e incluso en situación de indigencia.
La articulación federativa de los distintos sectores de economías familiares, mutuales, consorcios, cooperativas, etc., en los diferentes ámbitos territoriales, y también con las cooperativas de producción o trabajo asociado, de crédito y de consumo, así como en el caso argentino, las empresas recuperadas por los trabajadores tras situaciones de quiebra concursal.
El fin sería crear un verdadero sector de economía solidaria civil abierto a una estrategia de afines, incorporando otras formas solidarias de organización empresarial e incluso empresas familiares, para alcanzar ese punto de masa crítica, que permitiera –reitero- una cierta invulnerabilidad del sector frente a competencias abusivas y desleales, y reivindicara instrumentos de apoyo para este sector de la economía, de carácter financiero, comercial, tecnológico, de seguros y de formación que les permitiera una cierta igualdad en esa competitividad de mercados con los sectores privados y públicos de la economía.
La sinergia de esta alianza tendrá, sin lugar a dudas, un efecto multiplicador y un beneficio para todos los ciudadanos por la reducción de costos, ya que no es el beneficio el motor movilizador de tal sector sino la redistribución equitativa y la reciprocidad mutual.
En fin, esto implicará también un replanteamiento del principio democrático hacia el constitucionalismo solidario, que nos habla de unos instrumentos tan útiles en este proyecto renovador, como son las mutuales, economías personales, familiares y comunitarias, las cooperativas, los consorcios rurales, los asociativismos y más.
Un modelo a seguir por otros Estados sudamericanos que quisieran avanzar en esta transformación mediante pasos eficaces pero que, al mismo tiempo, no exigen menguar ningún derecho de propiedad, ni arrebatar sino moderar naturalmente a los actores privado capitalista o público respecto de sus espacios y esferas de influencia tradicional y no siempre conveniente para todos. Lograr esta Economía Solidaria Civil es un paso sincero e inclusivo para esa reconversión pacifica de nuestra sociedad, avizorando un nuevo contexto de una nueva convivencia, más equitativa, solidaria y entusiasta.
(*) Dr. Roberto Fermín Bertossi. Docente e investigador universitario, fundador de la primera Cátedra Universitaria de Derecho Cooperativo en Iberoamérica. Abogado y notario. Posgrado en Derecho Cooperativo y Maestría en Políticas y Gestión del Desarrollo Local. Actualmente trabaja en el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). República Argentina.
